El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones se ha multiplicado en los últimos años, de modo que disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas ha dejado de ser una prioridad exclusiva de las grandes corporaciones empresariales.
Fenómenos como la globalización de la economía o la necesidad de trascender las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Compliance, acelerando la evolución en la curva de madurez de una función que se percibe como factor clave de buen gobierno corporativo.
La organización puede disponer de uno o varios Programas de Compliance destinados a la prevención, detección y gestión de riesgos específicos de incumplimiento asociados con las obligaciones de Compliance sobre las que se proyectan respectivamente (riesgos penales, de vulneración de la privacidad, medioambientales, fiscales, regulatorios, etc). También puede disponer de un Programa de Compliance transversal que asuma o coordine esta pluralidad (superestructura de Compliance)
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