Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas

La actual situación económica hace que las responsabilidades penales se adapten a una realidad cada vez más complicada.

La tendencia es que quien mejor conoce el funcionamiento de las empresas sea el encargado de tratar de evitar la comisión de delitos penales, que no es otro que la propia organización empresarial. Como consecuencia estas podrán verse recompensadas con la posibilidad de evitar o atenuar la responsabilidad criminal que pudiese tener lugar en el seno de la empresa.

El Código Penales la Ley que regula las conductas prohibidas en derecho en delitos y faltas.

Dichos delitos pueden ser sancionados mediante sanciones penales o penas (multas, inhabilitaciones, privación de libertad…).

DISPONE DE UN DE PREVENCIÓN

Plan de Prevención de Riesgos Penales.

Una gestión responsable requiere de medidas de analisis, control y medidas preventivas y correctivas. Nuestro equipo «gestor» le ofrece el servicio de consultoria y auditoria especializada para determinar los riesgos «penales» a los que se puede enfrentar, y le ayuda a establecer las medidas preventivas y correctivas para que su organo «directivo y de administración»no incurra en responsabilidades penales.

Un Plan de prevención de Riesgos Penales incluirá un sistema de vigilancia, supervisión y control para que eludas o minimices la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Lograr que cuando se produzca un delito, no haya posibilidad de imputación o en todo caso, que sea atenuada.

Evitar la responsabilidad Civil y Laboral de la compañía y de los directivos y administradores de la misma, cuando existe un delito en el seno de la actividad de la empresa, o por uno de sus empleados.

Responsabilidad Penal

Los efectos derivados de una pena pueden llegar a efectos tales como:

• Carcel,
• Multas o sanciones administrativas,
• Cierre del negocio,
• Prohibición de recibir subvenciones,
• Prohibición de contrato público con Administraciones Publicas.
• etc.,

Con más detalle las penas que pueden ser impuestas comprenden:

•  Multas por cuotas o proporcional.
• La inhabilitación para subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público.
• La suspensión de actividades, la clausura de sus locales y establecimientos, la prohibición temporal o definitiva de actividades.
• La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.
• La disolución de la persona jurídica.
• La consecuencia directa para una compañía declarada responsable es la imposición de una sanción penal